Un estudio destaca la correlación entre corrupción y economía sumergida.

 Los países con altos niveles de corrupción padecen también elevadas tasas de economía sumergida, un fenómeno que se puede erradicar aumentando el gasto social necesario para equilibrar el mercado laboral. Son estas las principales conclusiones de un estudio que la multinacional especializada en empleo Randstad ha presentado este miércoles, según el cual la magnitud de la economía sumergida española encaja en la media de la Unión Europea aunque se sitúe muy por encima de otros grandes países. Supone el 18,6% del PIB, —alrededor de 190.000 millones de euros— 0,6 puntos porcentuales inferior que el dato relativo la UE (18%), pero casi el doble que en Reino Unido (9,7%) y Francia (9,9%) y muy por encima del de Estados Unidos (6,6%).

El documento, que la empresa ha elaborado en colaboración con la Universidad de Sheffield (Reino Unido) a partir de datos de Eurostat, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), identifica la economía sumergida como "cualquier actividad retribuida que sea legal en cuanto a su naturaleza pero que no sea declarada a las autoridades publicas", según la definición ofrecida en 2007 por la Comisión Europea. Se trata de actividades que se concentran sobre todo en los países del Este, como Bulgaria (31%), Rumanía (28%) o Hungría (28%), y que por el contrario registran porcentajes muy inferiores en Austria (7,5%), Luxemburgo (8%), Holanda (9,1%).

El informe destaca, a raíz de varios estudios comparativos de los países de la Unión Europea y de algunos Estados de la OCDE, que "cuanto más alto es el nivel de corrupción percibido en el sector público, mayor es la equivalencia de la economía sumergida", aunque no detalle la relación de causa y efecto entre los dos fenómenos. Subraya, sin embargo, una tendencia contraria por lo que tiene que ver con el gasto social: donde haya una "mayores niveles de gastos como proporción del PIB" para corregir los desequilibrios del mercado laboral, "la prevalencia de trabajo no declarado es menor".

Los analistas de Randstand no especifican el perfil de los empleados ni los sectores en los que se arraiga este fenómeno, pero evidencian que "las dimensiones del trabajo no declarado han seguido descendiendo en relación con la economía declarada en todos los países [estudiados] entre 2003 y 2012", lo cual excluye una correlación entre la actual crisis económica y el aumento de los empleos irregulares.

A la hora de proponer las medidas necesarias para reducir el empleo irregular, el director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez, ha subrayado la necesidad de una mayor intervención estatal para proteger a los grupos más vulnerables y una mayor protección social, que permitan a los trabajadores no recurrir al empleo sumergido.

Eduardo Vera Cester 1ºBCA