· La región carga con una deuda de 182 millones por su litigio con la
concesionaria de Corvera
Vista de uno de los pasillos de la terminal de salidas
del aeropuerto internacional de Corvera, en Murcia
Bruselas decide sobre Corvera esta semana. Además de ser una carga
financiera de 260 millones de euros -una de las cuatro comunidades que
incumplirá su objetivo de déficit este año- sobre el presupuesto de Murcia,
aeropuertos vacíos como el de Corvera multiplican su peso negativo en periodo
electoral. Y lo cierto es que, hoy por hoy, el que aspiraba a ser el mayor
aeropuerto de gestión privada en España es tan útil como los ejemplos de
despilfarro en Ciudad Real (sin comprador) y Castellón.
El aeropuerto internacional murciano difícilmente
abrirá en abril del año que viene, aunque ahora la prioridad del Gobierno
regional parece ser que, tras avalar el crédito que lo financió, no compute en
su déficit autonómico.
Doce años después de ser declarado proyecto de Interés General del Estado,
financiado por un crédito de 200 millones y construido por la concesionaria
Aeromur, la Comisión Europea despejará esta semana la duda de si la
financiación de la infraestructura con cargo a créditos participativos es
compatible con la legislación comunitaria. La respuesta podría ayudar al
aeropuerto a vencer las dificultades que evitan su apertura cada vez que está
cerca de conseguirlo.
El enfrentamiento entre el Gobierno murciano -propietario- y Sacyr
-constructora y concesionaria- explotó en mayo de 2013, 14 meses después del
fin de las obras. El Gobierno regional rescindió el contrato provocando el
vencimiento anticipado del crédito que financió la infraestructura y la
ejecución del aval público firmado para obtenerlo.
Los equilibrios y maniobras se prolongan desde entonces sin un ganador pero
con la carga de la infraestructura sobre el presupuesto autonómico. Con el
Ministerio de Fomento y Aena como observadores, la pugna por la financiación y
la explotación de la obra está en los juzgados, se ha cobrado las cabezas de
dos consejeros autonómicos, la reclamación de 182 millones de euros a Sacyr
como deuda tributaria y la irrupción de Vicente Martínez Pujalte, diputado del
PP por la región, como portavoz del Gobierno murciano para forzar una apertura
asumiendo el coste del aeropuerto o su renuncia para la adjudicación a un nuevo
gestor.
Sin solución política, el enfrentamiento parece abocado a una
resolución de los tribunales, porque la concesionaria está dispuesta a
exigir una compensación y, además, impediría la financiación de un nuevo
contratista «durante años» al no quedar liberada la deuda. «Al final, este
proceso llevará a la liquidación del contrato y, en ese caso, el saldo es
contrario a Murcia porque la infraestructura costó 260 millones de euros.
Aunque cargaran sobre la concesionaria 182 millones de euros, deberían otros 80
millones. No nos pueden exigir ese pago sin estar en condiciones de hacer
frente a sus obligaciones».
En buena medida, la gran pelea por la apertura del aeropuerto murciano
-pendiente de los certificados definitivos para operar- está en las dudas sobre
su viabilidad. Con una actividad prevista de tres millones de pasajeros
y 23.000 vuelos anuales, su sentido sólo se justificaría con el cierre del de
San Javier, que opera Aena a tan solo 34 kilómetros de distancia. Y aún
así, competiría a otros 70 kilómetros de distancia con el de Altet de Alicante,
especializado en líneas de bajo coste y uno de los aeropuertos más activos de
Aena, operador que domina en monopolio el tráfico aéreo en España.
La fiebre por el gasto en infraestructuras provocó que el proyecto y
construcción de Corvera coincidiera con una inversión de 70 millones de euros
de Aena para una nueva terminal de pasajeros y una nueva pista en San Javier.
Hoy Aena exige una indemnización de al menos 35 millones por el cierre de San
Javier.
JOSÉ ANDRÉS PÉREZ PORTOLÉS 1ºBSA
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