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lunes, 15 de diciembre de 2014

La economía sumergida y sus soluciones

El reciente informe España 2018, que el Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) presentó y que ha suscitado un notable interés público, ratifica algunas medidas defendidas desde hace tiempo por la Asociación Española de Servicios a la Persona (AESP) para dinamizar el empleo en España y aflorar parte de la economía sumergida.

Este informe pone de manifiesto que han de materializarse una serie de reformas para mejorar la competitividad de España. Una de las medidas que propone es “incentivar la transición de la informalidad a la formalidad” disminuyendo el atractivo de la economía sumergida tanto para el trabajador como para el empleador.
Otros países han logrado este objetivo mediante la introducción de medidas para reducir la carga fiscal para los trabajadores con menores ingresos, la utilización como medio de pago de cheques de prestación de servicios subvencionando el coste de determinados tipos de empleo y simplificando los trámites de la contratación dentro de la economía formal.

Muy recientemente la CEOE, a sugerencia de AESP, remitió a los portavoces de los grupos parlamentarios unas propuestas de enmiendas, en la línea apuntada por el CEC, destinadas a favorecer el desarrollo de los servicios a la persona con medidas altamente eficaces en la creación de empleo, para que fueran tenidas en cuenta en la tramitación parlamentaria de los Proyectos de Ley de reforma del IRPF y de reforma del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Ambos proyectos de ley han finalizado ya su tramitación en el Senado, pero el Gobierno tiene la oportunidad de utilizar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado 2015 para dar un impulso a la economía, introduciendo una serie de desgravaciones y deducciones que posibilitarían que los servicios a la persona tengan el mismo coste de forma regulada que en la economía sumergida. Hablamos de deducciones en el IRPF a las personas que justifiquen adecuadamente que han contratado estos servicios (por supuesto, con el límite que se determine reglamentariamente) y con desgravaciones en el impuesto de sociedades para las empresas que faciliten dichos servicios a sus clientes, empleados o familiares de los mismos. Francia aprobó en el año 2005 la conocida Ley Borloo, que permitió el desarrollo del sector de los servicios a la persona con unos resultados espectaculares: 400.000 empleos regulados en dos años y una importante reducción de la economía sumergida.

La sociedad de hoy día tiene una serie de necesidades de primer orden que deben ser satisfechas. Las conocemos como servicios a la persona: cuidado de hijos, apoyo escolar, cuidado del hogar, cuidado de enfermos y personas mayores y toda la gama de servicios relacionada con el día a día de las personas y familias, ayudando a la mejora de su calidad de vida y a la conciliación efectiva laboral y familiar.

Las oportunidades de empleo de este sector son enormes. Nuestros estudios indican que se podrían crear aproximadamente medio millón de nuevos empleos en los próximos tres años.

Sin embargo, la capacidad empleadora de este sector de servicios a la persona se encuentra con un obstáculo muy importante: muchas personas deciden acudir a la economía sumergida para satisfacer esas necesidades familiares y de esa manera reducir el coste, lo que conlleva innumerables perjuicios para las familias y para las personas que desarrollan esos trabajos. El beneficio que los servicios a la persona pueden ofrecer en cuanto a creación de puestos de trabajo y afloramiento de empleo sumergido solo será posible si se corrige esa situación. Lo importante es que a una persona que quiere contratar a otra ya sea directamente o a través de una empresa especializada en estos servicios le cueste lo mismo en la economía formal que en la sumergida y, por tanto, decida realizarlo por la vía legal. Para ello, desde AESP coincidimos totalmente con el CEC y la CEOE en la necesidad de que existan desgravaciones a las personas y a las empresas especializadas en proporcionar estos servicios. De esa manera, conseguiríamos que la gente no vaya a la economía informal para satisfacer estas necesidades.

España no puede permitirse renunciar a un sector con esta capacidad de generación de empleo y de afloramiento de economía sumergida. Y todo ello sin reducir los ingresos en las La firma de hipotecas se dispara en septiembre

Carlos Vera Cester 1ºBCA

miércoles, 26 de noviembre de 2014

Un estudio destaca la correlación entre corrupción y economía sumergida.

 Los países con altos niveles de corrupción padecen también elevadas tasas de economía sumergida, un fenómeno que se puede erradicar aumentando el gasto social necesario para equilibrar el mercado laboral. Son estas las principales conclusiones de un estudio que la multinacional especializada en empleo Randstad ha presentado este miércoles, según el cual la magnitud de la economía sumergida española encaja en la media de la Unión Europea aunque se sitúe muy por encima de otros grandes países. Supone el 18,6% del PIB, —alrededor de 190.000 millones de euros— 0,6 puntos porcentuales inferior que el dato relativo la UE (18%), pero casi el doble que en Reino Unido (9,7%) y Francia (9,9%) y muy por encima del de Estados Unidos (6,6%).

El documento, que la empresa ha elaborado en colaboración con la Universidad de Sheffield (Reino Unido) a partir de datos de Eurostat, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), identifica la economía sumergida como "cualquier actividad retribuida que sea legal en cuanto a su naturaleza pero que no sea declarada a las autoridades publicas", según la definición ofrecida en 2007 por la Comisión Europea. Se trata de actividades que se concentran sobre todo en los países del Este, como Bulgaria (31%), Rumanía (28%) o Hungría (28%), y que por el contrario registran porcentajes muy inferiores en Austria (7,5%), Luxemburgo (8%), Holanda (9,1%).

El informe destaca, a raíz de varios estudios comparativos de los países de la Unión Europea y de algunos Estados de la OCDE, que "cuanto más alto es el nivel de corrupción percibido en el sector público, mayor es la equivalencia de la economía sumergida", aunque no detalle la relación de causa y efecto entre los dos fenómenos. Subraya, sin embargo, una tendencia contraria por lo que tiene que ver con el gasto social: donde haya una "mayores niveles de gastos como proporción del PIB" para corregir los desequilibrios del mercado laboral, "la prevalencia de trabajo no declarado es menor".

Los analistas de Randstand no especifican el perfil de los empleados ni los sectores en los que se arraiga este fenómeno, pero evidencian que "las dimensiones del trabajo no declarado han seguido descendiendo en relación con la economía declarada en todos los países [estudiados] entre 2003 y 2012", lo cual excluye una correlación entre la actual crisis económica y el aumento de los empleos irregulares.

A la hora de proponer las medidas necesarias para reducir el empleo irregular, el director de Relaciones Institucionales de Randstad, Luis Pérez, ha subrayado la necesidad de una mayor intervención estatal para proteger a los grupos más vulnerables y una mayor protección social, que permitan a los trabajadores no recurrir al empleo sumergido.

Eduardo Vera Cester 1ºBCA