La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)ha impuesto una multa de 88,2 millones de euros a nueve empresas y dos asociaciones lácteas españolas por haber concertado el reparto del mercado de aprovisionamiento de leche cruda “en una infracción única y continuada desde al menos el año 2000 hasta el año 2013 incluido”.
El origen de las actuaciones se encuentra en las numerosas denuncias y quejas recibidas en la Dirección de Investigación de la antigua Comisión Nacional de la Competencia (CNC), así como en las noticias aparecidas en prensa relativas a la problemática en el sector de la leche, sector que ha sido objeto de investigación por parte de las autoridades de competencia en ocasiones anteriores.
"Estas informaciones se referían, en particular, a prácticas anticompetitivas de diversas empresas lácteas y asociaciones de industrias lácteas y consistirían en intercambios de información sensible sobre clientes, condiciones de compra y precios y en la adopción de acuerdos entre las principales empresas y asociaciones de industriales del sector cuyo objeto sería el reparto de mercado entre ellas y la fijación de condiciones comerciales comunes y su imposición a los ganaderos", según decía la extinta CNC en un comunicado al incoar el expediente en 2012.
La Resolución de la CNMC "no sólo prueba la existencia de conductas prohibidas por su objeto, que no era otro que distorsionar el normal funcionamiento del mercado, sino que además las mismas produjeron efectos negativos en el mercado, siendo la industria ganadera el sector más perjudicado".
En el listado de sancionados finalmente figuran (por orden de cuantía): Danone, 23,2 millones; Corporación Alimentaria Peñasanta, 21,8 millones; Grupo Lactalis Iberia, 11,6 millones; Nestlé España,10,6 millones; Puleva, 10,2 millones, y Calidad Pascual (antes Grupo Leche Pascual), con 8,5 millones; Senoble Ibérica (proveedora de Mercadona), 929.644 euros; Central Lechera Asturiana, 698.477 euros, y Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, 200.000.
Según la CNMC, las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por los infractores han consistido en intercambiar información, a nivel nacional y regional, sobre precios de compra de leche de vaca cruda, volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de leche. Asimismo, algunas de las empresas intercambiaron información con la intención de controlar los excedentes de leche y la conversión de ésta en leche en polvo, condicionando de manera artificial el precio de aprovisionamiento de la leche cruda.
"Estos intercambios de información estratégica se produjeron en distintos foros y versaron sobre distintas materias, si bien todos ellos tuvieron el objetivo común de consensuar y adoptar una estrategia conjunta para controlar el mercado de aprovisionamiento de leche cruda de vaca", según el organismo regulador.
Además, en determinados momentos, se habrían materializado en acuerdos concretos para coordinar los precios de compra de leche y para la cesión de ganaderos entre industriales. Así, por ejemplo, dice la CNMC, "las empresas transformadoras dialogaron e intercambiaron información sobre los precios de compra que ofrecían las empresas transformadoras a sus ganaderos, los que iban a ofrecer en un futuro, la identidad de los ganaderos y los volúmenes adquiridos de éstos, o identidad de los ganaderos que tenían intención de cambiar de transformador y posibles medidas para evitarlo".
Estas prácticas permitían a las empresas ajustar precios y condiciones comerciales a los ganaderos, limitando la competencia en el mercado y el aprovisionamiento de leche cruda. "Como consecuencia de ello, los ganaderos carecían de libertad para fijar el precio de su producto y la empresa a la que suministraban, distorsionando el normal funcionamiento del mercado en beneficio de los transformadores", sostiene el regulador.
Los acuerdos agravaron la situación en un mercado ya de por si concentrado desde la perspectiva de la demanda, donde existe un elevado poder negociador de la industria transformadora frente a unos ganaderos que, además de estar más atomizados, están obligados a vender la producción para conservar su cuota láctea.
El regulador sostiene que las industrias lácteas tienen un gran poder de negociación en el mercado. Al respecto, recuerda que el mercado tiene un elevado grado de concentración de la demanda en los principales compradores, pues apenas una docena de empresas acapara más del 60% de las recogidas.
La investigación de los carteles supone una de las prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial gravedad de sus consecuencias sobre los consumidores. Cabe destacar la introducción por la nueva Ley de Defensa de la Competencia del programa de clemencia, por el que la empresa que forma parte de un cartel y aporta elementos de prueba que posibilitan la detección o la comprobación de la existencia de un cartel puede beneficiarse de la exención del pago de la multa o, en su caso, de una considerable reducción del importe de la multa que pudiera corresponderle por su participación en el cartel.
En ese sentido, la cooperativa navarra San Antón denunció en su día ante la propia CNMC y ante el Ministerio de Agricultura un presunto boicoteo de Senoble, implicada en el expediente y que rescindió el contrato de aprovisionamiento de leche que les unía a partir del 1 de enero.
OPINIÓN: Esta noticia la he escogido porque habla de los mercados y la competencia como hemos dado en clase. Me ha parecido interesante porque nombra los cárteles y dice que las pocas empresas de leche que hay en España tienen bastante influencia en los precios, es decir, existe un oligopolio en las industrias lácteas que, además, algunas de ellas actúan ilegalmente con colusiones formando una especie de cártel que solo perjudica a los consumidores y por eso la CNMC les ha impuesto una multa que asciende a los 88 millones de euros.
Eduardo Carceller 1ºBCA
